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La industria nacionalizada y la administración obrera[1]

 

 

12 de mayo de 1939

 

 

 

En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al prole­tariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno gira entre el capital extran­jero y el nacional, entre la relativamente débil burgue­sía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capitalismo extran­jero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el prole­tariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ga­nando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros. La actual política [del gobierno mexicano] se ubica en la segunda alternativa; sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y de las com­pañías petroleras.

Estas medidas se encuadran enteramente en los marcos del capitalismo de estado. Sin embargo, en un país semicolonial, el capitalismo de estado se halla bajo la gran presión del capital privado extranjero y de sus gobiernos, y no puede mantenerse sin el apoyo activo de los trabajadores. Eso es lo que explica por qué, sin dejar que el poder real escape de sus manos, [el gobierno mexicano] trata de darles a las organi­zaciones obreras una considerable parte de responsa­bilidad en la marcha de la producción de las ramas nacionalizadas de la industria.

¿Cuál debería ser la política del partido obrero en estas circunstancias? Sería un error desastroso, un completo engaño, afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria, sino por la nacio­nalización que haga el estado burgués en algunas ramas de la industria y su transferencia a las organiza­ciones obreras. Pero esta no es la cuestión. El gobierno burgués llevó a cabo por sí mismo la nacionalización y se ha visto obligado a pedir la participación de los trabajadores en la administración de la industria nacionalizada. Por supuesto, se puede evadir la cues­tión aduciendo que, a menos que el proletariado tome el poder, la participación de los sindicatos en el manejo de las empresas del capitalismo de estado no puede dar resultados socialistas. Sin embargo, una política tan negativa de parte del ala revolucionaria no sería comprendida por las masas y reforzaría las posiciones oportunistas. Para los marxistas no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las situaciones que se presentan dentro del capitalismo de estado y hacer avanzar el movimiento revolucionario de los trabajadores.

La participación en los parlamentos burgueses no puede ya ofrecer resultados positivos importantes; en determinadas situaciones, puede incluso conducir a la desmoralización de los diputados obreros. Pero esto no es argumento para que los revolucionarios apoyen el antiparlamentarismo.

Sería inexacto identificar la participación obrera en la administración de la industria nacionalizada con la participación de los socialistas en un gobierno burgués (lo que se llama ministerialismo). Todos los miembros de un gobierno están ligados por lazos de solidaridad. Un partido representado en el gobierno es responsable de la política del gobierno en su con­junto. La participación en el manejo de una cierta rama de la industria brinda, en cambio, una amplia oportu­nidad de oposición política. En caso de que los representantes obreros estén en minoría en la adminis­tración, tienen todas las oportunidades para proclamar y publicar sus propuestas rechazadas por la mayoría, ponerlas en conocimiento de los trabajadores, etcétera.

La participación de los sindicatos en la administra­ción de la industria nacionalizada puede compararse con la de los socialistas en los gobiernos municipales, donde ganan a veces la mayoría y están obligados a dirigir una importante economía urbana, mientras la burguesía continua dominando el estado y siguen vigentes las leyes burguesas de propiedad. En la municipalidad, los reformistas se adaptan pasivamente al régimen burgués. En el mismo terreno, los revolu­cionarios hacen todo lo que pueden en interés de los trabajadores y, al mismo tiempo, les enseñan a cada paso que, sin la conquista del poder del estado, la política municipal es impotente.

La diferencia es, sin duda, que en el gobierno municipal los trabajadores ganan ciertas posiciones por medio de elecciones democráticas, mientras que en la esfera de la industria nacionalizada el propio gobierno los invita a hacerse cargo de deter­minados puestos. Pero esta diferencia tiene un carácter puramente formal. En ambos casos, la burguesía se ve obligada a conceder a los trabajadores ciertas esferas de actividad. Los trabajadores las utilizan en favor de sus propios intereses.

Sería necio no tener en cuenta los peligros que surgen de una situación en que los sindicatos desempe­ñan un papel importante en la industria nacionalizada. El riesgo radica en la conexión de los dirigentes sindi­cales con el aparato del capitalismo de estado, en la transformación de los representantes del proleta­riado en rehenes del estado burgués. Pero por grande que pueda ser este peligro, sólo constituye una parte del peligro general, más exactamente, de una enfer­medad general: la degeneración burguesa de los aparatos sindicales en la época del imperialismo, no sólo en los viejos centros metropolitanos sino también en los países coloniales. Los líderes sindicales son, en la abrumadora mayoría de los casos, agentes políticos de la burguesía y de su estado. En la industria nacionalizada pueden volverse, y ya se están volviendo, sus agentes administrativos directos. Contra esto no hay otra alternativa que luchar por la independencia del movimiento obrero en general; y en particular por la formación en los sindicatos de firmes núcleos revolucionarios que, a la vez que defienden la unidad del movimiento sindical, sean capaces de luchar por una política de clase y una composición revolucionaria de los organismos directivos.

Otro peligro reside en el hecho de que los bancos y otras empresas capitalistas, de las cuales depende económicamente una rama determinada de la industria nacionalizada, pueden utilizar, y sin duda lo harán, métodos especiales de sabotaje para poner obstáculos en el camino de la administración obrera, desacre­ditarla y empujarla al desastre. Los dirigentes refor­mistas tratarán de evitar el peligro adaptándose servilmente a las exigencias de sus proveedores capitalistas, en particular de los bancos. Los líderes revolucionarios, en cambio, del sabotaje bancario extraerán la conclusión de que es necesario expropiar los bancos y establecer un solo banco nacional, que llevaría la contabilidad de toda la economía. Por supuesto, esta cuestión debe estar indisolublemente ligada a la de la conquista del poder por la clase traba­jadora.

Las distintas empresas capitalistas, nacionales y extranjeras, conspirarán inevitablemente, junto con las instituciones estatales, para obstaculizar la admi­nistración obrera de la industria nacionalizada. Por su parte, las organizaciones obreras que manejen las distintas ramas de la industria nacionalizada deben unirse para intercambiar experiencias, darse mutuo apoyo económico, y actuar unidas ante el gobierno, por las condiciones de crédito, etcétera. Por supuesto, esa dirección central de la administración obrera de las ramas nacionalizadas de la industria debe estar de estrecho contacto con los sindicatos.

Para resumir, puede afirmarse que este nuevo campo de trabajo implica las más grandes oportuni­dades y los mayores peligros. Estos consisten en que el capitalismo de estado, por medio de sindicatos controlados, puede contener a los obreros, explotarlos cruelmente y paralizar su resistencia. Las posibili­dades revolucionarias consisten en que, basándose en sus posiciones en ramas industriales de excepcional importancia, los obreros lleven el ataque contra todas las fuerzas del capital y del estado burgués. ¿Cuál de estas posibilidades triunfará? ¿Y en cuánto tiempo? Naturalmente, es imposible predecirlo. Depende totalmente de la lucha de las diferentes tendencias en la clase obrera, de la experiencia de los propios traba­jadores, de la situación mundial. De todos modos, para utilizar esta nueva forma de actividad en interés de los trabajadores y no de la burocracia y aristocracia obreras, sólo se necesita una condición: la existencia de un partido marxista revolucionario que estudie cuidado­samente todas las formas de actividad de la clase obrera, critique cada desviación, eduque y organice a los trabajadores, gane influencia en los sindicatos y asegure una representación obrera revolucionaria en la industria nacionalizada.



[1] La industria nacionalizada y la administración obrera. Fourth International, agosto de 1946. Sin firma. Traducido del francés [al inglés] por Duncan Ferguson. Cuando se publicó el artículo en Fourth International se calculó que había sido escrito en mayo o junio de 1938 (en el manuscrito no figuraba fecha). Pero en el original que está en los Archivos de Trotsky en Harvard figura la fecha 12 de mayo de 1939. Trotsky escribió este artículo después de que. el. gobierno de Cárdenas expropió la industria petrolera y los ferro­carriles y dio a los sindicatos gran responsabilidad en su administración. Un funcionario de la CTM, Rodrigo García Treviño, en ese entonces adver­sario de los stalinistas, le preguntó a Trotsky su opinión sobre la actitud que deberían tomar los sindicatos respecto a participar en la administración. Trotsky aceptó escribir un memorándum y varios días después le entregó este artículo a Treviño. No se sabe si Treviño utilizó o no los argumentos de Trotsky en el debate interno de la CTM. Conservó en secreto el artículo hasta 1946.



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