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Sobre el Segundo Plan Sexenal de México[1]

 

 

14 de marzo de 1939

 

 

 

Un programa, no un plan.

 

No se trata aquí de un “plan” en el verdadero sentido de la palabra. En una sociedad donde prevalece la propiedad privada, es imposible que el gobierno conduzca la vida económica de acuerdo a un “plan”. El documento contiene fórmulas algebraicas pero no hechos aritméticos. En otras palabras, es un programa general para la actividad gubernamental y no, estric­tamente hablando, un plan.

Desgraciadamente, los autores del plan no toman en consideración los límites de la actividad gubernamental en una sociedad donde los medios de producción, incluyendo la tierra, no están nacionalizados. Han tomado como modelo, aparentemente, el Plan Quinquenal de la URSS y a menudo utilizan la misma fraseología, sin tener en cuenta las diferencias fundamentales que existen entre ambas estructuras sociales. Es por esta razón, como veremos luego, que las fórmulas algebraicas son a menudo un medio de no tocar las cuestiones más candentes de la vida mexicana a la par que los autores se solazan en perspectivas tomadas de los informes y declaraciones oficiales de la URSS.

 

Reforma de la maquinaria estatal

 

En el párrafo dos el documento arranca con la propuesta de instituir “un organismo técnico subor­dinado al presidente” para llevar a cabo el Plan Sexe­nal. Esta propuesta, a despecho de su carácter secun­dario, administrativo, parece contener un error fun­damental. Para llevar a cabo el plan no se puede permanecer dentro del alcance de la pura y simple acción gubernamental. Imponer por encima del go­bierno un “organismo técnico”, cuya tarea es ni más ni menos que transformar toda la economía nacional, significaría crear un

“supergobierno” junto al gobierno regular, es decir el caos administrativo.

Una propuesta más realista, basada en la expe­riencia de diferentes países durante la guerra y también en la experiencia de la URSS, sería crear un comité gubernamental limitado compuesto por los jefes de los ministerios más directamente involucrados en el plan y dirigido por el presidente o su representante inmediato. En este caso, la actividad general del gobierno y la que concierne al plan estarían concen­tradas en las mismas manos, y se minimizaría al máximo la inútil repetición -ese flagelo burocrático-

El párrafo tres propone “la participación funcional de los sectores organizados de la población del país” en distintos organismos del gobierno. Esta formula­ción es extremadamente vaga y permite toda suerte de interpretaciones. Nos apresuramos a señalar antes que nada que esta propuesta amenaza incorporar a la cúpula burocrática de los sindicatos, etcétera, Sin una precisa delimitación, a la jerarquía burocrática del estado (es casi imposible llevarlo a la práctica), restringiendo así la actividad regular de los organismos estatales y creando una confusión casi inimaginable.

 

La política exterior de México

 

En este dominio tan importante, el plan se queda en generalidades. No menciona a un solo país, e incluso dentro del terreno de las generalidades apunta a una línea de conducta que debería considerarse fundamen­talmente errónea.

En nombre de la “democracia y la libertad”, el plan propone mejorar las relaciones regulares de México con las “naciones latinoamericanas y las naciones de todos los continentes que tengan una forma demo­crática de gobierno”. Caemos, inmediatamente, en una contradicción obvia. Para las Américas la polí­tica es tener amistosas relaciones con todas las nacio­nes, cualquiera que sea la naturaleza de su régimen interno, mientras que para los otros continentes la prescripción es mantener relaciones amistosas exclusivamente con los llamados países “democrá­ticos”. El plan no indica cómo desarrollar cada vez más las relaciones amistosas con la “democrática” Inglaterra, que trata a México como si fuera su feudo a raíz de sus intereses petroleros. ¿Es necesario pedirle perdón a Londres y restablecer inmediatamente las relaciones diplomáticas en nombre de la “democracia y la libertad”? Además, en la lucha que se desarrolla en la actualidad entre la “democrática” madre patria de cuarenta y cinco millones de habitantes y la India, privada de la democracia pero con una pobla­ción de trescientos setenta millones de personas, ¿hacia quién dirigirá México su amistad para reforzar sólidamente su posición en el mundo? La debilidad orgánica del plan reside en que disuelve la oposición entre naciones opresoras y naciones oprimidas en el concepto abstracto de democracia. Esa división es mucho más profunda y pesa mucho más que la división del bando de los esclavistas entre naciones democráti­cas y naciones fascistas.

La expropiación de las compañías petroleras y la resuelta actitud del gobierno mexicano hacia Inglate­rra disminuyeron en gran medida la “simpatía” que sentía por México esa “democracia” capitalista; pero, al mismo tiempo, estos actos elevaron enormemente el prestigio de México en la India y en todas las colonias y naciones oprimidas. La única conclusión que se infiere es que un país semicolonial no debería engañarse por la forma democrática de sus opresores reales o potenciales.

México no puede salvaguardar y desarrollar su independencia y asegurar su futuro de ninguna otra manera que aprovechando los antagonismos y conflic­tos entre los esclavistas imperialistas, sin identificarse con ninguno de ellos, asegurándose así la estima y el apoyo de las naciones esclavizadas y de las masas oprimidas en general.

 

Reforma agraria

 

Esta parte del programa, el aspecto más importante de la vida mexicana, no se basa en un análisis de las necesidades del país sino más bien en alguna fórmula general tomada del vocabulario de la URSS y muy mal adaptada a la realidad nacional.

El párrafo ocho manifiesta: “Las restituciones, concesiones y extensiones de tierra a las comunidades campesinas se desarrollarán a un ritmo no inferior al de los años 1935-1938”. Al mismo tiempo, el punto (c) del párrafo trece afirma: “Organización de la explotación colectiva de las tierras públicas comunes” durante los próximos seis años. Estas dos dimensiones del programa no se hallan coordinadas en absoluto. Están simplemente yuxtapuestas.

¿Cuál es la cuestión principal en México hoy en día? La reforma agraria, o reforma agraria democrática; esto es, la vida de los campesinos se caracteriza por la acumulación de formas feudales de explotación y relaciones y tradiciones esclavistas. Es necesario liquidar audaz y definitivamente esta explotación propia de la barbarie medieval con la ayuda de los propios campesinos. Los grandes terratenientes parasitarios y semiparasitarios, la dominación econó­mica y política de los señores de la tierra sobre los campesinos, el trabajo agrícola forzado, el cuasi patriarcal sistema de medianería, que equivale en lo fundamental a la esclavitud, deben ser definitivamente liquidados a la mayor brevedad posible. Ahora bien, el programa ni siquiera llama a llevar a cabo esta tarea, esencial para la revolución democrática en los próximos seis años; pero, al mismo tiempo, sí llama a la colectivización de las tierras comunes du­rante el mismo período. Esto es una inconsistencia total, que puede llevar a las más nefastas consecuen­cias económicas, sociales y políticas.

 

“Colectivización completa”

 

A. La colectivización significa el reemplazo de la agricultura rural en pequeña escala por la agricultura en gran escala. Este cambio sólo resulta ventajoso si existe una tecnología altamente desarrollada, adecuada a las tareas de la agricultura en gran escala. Esto significa que el ritmo de colectivización propuesto debería adaptarse al desarrollo de la industria, de la producción de maquinaria agrícola, fertilizantes, etcétera.

B. Pero la tecnología sola no basta. Los propios campesinos deben aceptar la colectivización, es decir, deben entender las ventajas sobre la base de su propia experiencia o la de otros.

C. Finalmente, el material humano, o al menos una gran parte del mismo, debe estar preparado y educado para el manejo económico y técnico de las tierras comunes.

El propio plan dice en el párrafo quince que es necesario contar con “campesinos que estén adecua­damente educados” y llama a la creación de un número de escuelas, especialmente escuelas agrícolas. Si permitimos que durante los próximos seis años se establezcan en cantidad suficiente, resulta claro que el personal necesario no estará listo hasta bastante tiempo después. Colectivizar la ignorancia y la miseria por medio de la compulsión estatal no significaría una agricultura de avanzada; más bien conduciría inevitablemente a que los campesinos se vieran forza­dos a pasarse al campo de la reacción.

La revolución agraria debe completarse en seis años con el fin de que sobre esta base el país esté en condi­ciones de avanzar hacia la meta de la colectivización muy cuidadosamente, sin compulsión y con una actitud de gran simpatía hacia el campesinado.

 

El ejemplo de la URSS

 

La URSS no sólo pasó por una revolución democrá­tica burguesa sino también por una proletaria. Los campesinos rusos, aunque muy pobres, no lo eran tanto como los campesinos mexicanos. La industria soviética estaba considerablemente más desarrollada. Sin embargo, después de la nacionalización de la tierra, es decir, de la completa revolución agraria democrá­tica, durante largos años el sector colectivizado de la agricultura sólo constituyó un insignificante porcentaje de la economía agrícola en relación con la economía campesina privada. Es cierto que doce años después de la abolición del latifundio, etcétera, la burocracia gobernante saltó a la “colectivización completa” por razones que no es necesario tratar aquí. Los resul­tados son conocidos. La producción agrícola bajó a la mitad, los campesinos se rebelaron, decenas de millones murieron como consecuencia de terribles ham­brunas. La burocracia se vio obligada a restablecer parcialmente la agricultura privada. Para comenzar a progresar, la industria nacionalizada tuvo que produ­cir cientos de miles de tractores y maquinaria agrícola para los koljoses. En México, imitar estos métodos significaría encaminarse al desastre. Es necesario completar la revolución democrática dando la tierra, toda la tierra, a los campesinos. Sobre la base de esta conquista ya establecida se les debe dar a los campesi­nos un período ilimitado para reflexionar, comparar, experimentar con distintos métodos agrícolas. Se los debe ayudar, técnica y financieramente, pero no obligarlos. En suma, es necesario completar la obra de Emiliano Zapata[2] y no yuxtaponerle los métodos de Stalin.

 

Crédito agrario

 

Toda la parte agraria del programa se halla defor­mada por una falsa perspectiva que trata de dar el ter­cer o cuarto paso antes de completar el primero. Esta deformación de perspectiva es particularmente eviden­te en lo que respecta a la cuestión crediticia. El párrafo dieciséis, punto (d), propugna que se extienda el crédito agrario a las tierras comunes “abandonando el objetivo de mantener la economía de la pequeña propiedad agraria”. Es más que evidente que el estado debería acordar privilegios financieros a las colectivizaciones voluntarias. Pero se deben mantener las proporciones. Hay que asegurar que las empresas colectivas sean viables, aunque las pequeñas granjas individuales deben seguir existiendo y creciendo también durante el período histórico necesario para llevar a cabo la “colectivización completa”; y este período puede abarcar varias décadas.

Si se utilizan métodos compulsivos, habrá sólo explotaciones colectivas que existirán a expensas del estado, a la par que bajará el nivel general de la agricultura y se empobrecerá el país.

 

La industrialización del país

 

En esta área el programa se torna extremadamente vago y abstracto. Para colectivizar las tierras comunes en seis años, será necesario un gasto enorme en producción de maquinaria agrícola, fertilizantes, ferrocarriles e industria en general. Y todo ello inmediatamente, porque la colectivización debe estar precedida, no continuada, por cierto desarrollo tecno­lógico elemental. ¿De dónde saldrán los medios nece­sarios? El plan guarda silencio respecto a este punto, a excepción de unas pocas frases acerca de las ventajas de los préstamos nativos sobre los extranjeros. Pero el país es pobre, necesita al capital extranjero. Este espinoso problema se toca sólo cuando el programa no insiste en la cancelación de la deuda externa. Y eso es todo.

Es cierto que la realización de la revolución agraria democrática, es decir, traspasar toda la tierra cultivable a los campesinos, incrementaría la capacidad del mercado interno en un lapso relativamente breve; pero a pesar de todo ello, el ritmo de industrialización sería muy lento. Considerables capitales internacio­nales buscan actualmente zonas donde invertir, incluso aunque sólo sea posible una modesta (pero segura) retribución. Dar la espalda al capital extranjero y hablar de colectivización e industrialización es sim­plemente intoxicarse con palabras.

Los reaccionarios están equivocados cuando afirman que la expropiación de las compañías petroleras ha tornado imposible el ingreso de nuevos capitales. El gobierno defiende los intereses vitales del país, pero al mismo tiempo puede otorgar concesiones industria­les, especialmente formando sociedades mixtas, es decir, empresas en las que el estado participe (rete­niendo el diez, el veinticinco o el cincuenta y uno por ciento de las acciones, según las circunstancias) y estipulando en los contratos la opción de adquirir el resto de las acciones después de un cierto tiempo. Esta participación gubernamental tendría la ventaja de formar al personal técnico y administrativo del país en colaboración con los mejores ingenieros y orga­nizadores de otros países. El período fijado en el contrato antes de la compra opcional de la parte correspondiente en la empresa crearía la necesaria confianza entre los inversores de capital. Se aceleraría el ritmo de industrialización.

 

Capitalismo de estado

 

Los autores del programa desean construir un capitalismo de estado en un período de seis años. Pero nacionalizar empresas existentes es una cosa y crear nuevas con medios limitados sobre suelo virgen es otra.

La historia sólo conoce un ejemplo de una industria creada bajo supervisión estatal, el de la URSS. Pero,

a) se necesitó una revolución socialista;

b) la herencia industrial del pasado jugó un papel importante;

c) se canceló la deuda pública (1,5 billones de pesos al año).

A despecho de todas estas ventajas la reconstruc­ción industrial del país se inició otorgando concesiones. Lenin acordó gran importancia a estas concesiones para el desarrollo económico del país y para lograr la edu­cación técnica v administrativa del personal soviético. En México no hubo ninguna revolución socialista. La situación internacional no permite siquiera la cance­lación de la deuda pública. El país, repetimos, es pobre. Bajo tales condiciones sería casi suicida cerrar las puertas al capital extranjero.

Para construir el capitalismo de estado hace fal­ta capital.

 

Los sindicatos

 

El párrafo noventa y seis habla correctamente de la necesidad de “proteger a la clase obrera más efec­tivamente que en la actualidad”. Sólo habría que agregar: “Es necesario proteger a la clase obrera no sólo contra los excesos de la explotación capitalista sino también contra los abusos de la burocracia obrera.”

El programa tiene muchísimo que decir acerca de la democracia y de las organizaciones obreras, que son su base esencial. Esto sería absolutamente correcto si los propios sindicatos fueran democráticos y no totalitarios. Un régimen democrático en el sindi­cato debería asegurar a los trabajadores el control sobre su propia burocracia y eliminar de este modo los abusos más ostensibles. El más estricto manejo de la contabilidad de los sindicatos debería convertirse en un asunto público.

 

* * *

 

Estas notas pueden parecer imbuidas de un espíritu moderado, casi conservador, en comparación con las formulaciones del programa, de alto vuelo pero vacías de contenido. Creemos, sin embargo, que nuestro punto de vista es más realista y, al mismo tiempo, más revolucionario. El punto central del programa es la reforma agraria. Es mil veces más fácil predicar en el vacío la colectivización total que llevar a cabo con mano de hierro la eliminación total de los restos feudales en el campo. Esta operación de limpieza sería realmente un excelente programa para los próxi­mos seis años. El campesinado entendería un programa así, planteado en diez líneas, y lo aceptaría mucho más cálidamente que a esta vaga y verborrágica traducción del documento oficial del Kremlin.



[1] Sobre el Segundo Plan Sexenal de México. Traducido del francés [al inglés] para este volumen [de la edición norteamericana] por Russell Block, con autorización de la Biblioteca de la Universidad de Harvard. El Congreso mexicano votó el Primer Plan Sexenal en 1934. Pretendía establecer un “sis­tema económico cooperativo tendiente al socialismo” e incluía un extenso pro­grama de obras públicas, un código laboral que establecía el salario mínimo y la garantía horaria, cierta distribución de la tierra y ayuda a las cooperativas locales para la compra de maquinaria y stocks. La discusión del Segundo Plan Sexenal comenzó en febrero de 1939. El Plan fue redactado por el partido gobernante, el Partido Revolucionario Mexicano (PRM), y se lo consideraba la plataforma de su candidato para las elecciones presidenciales de setiembre de 1940, Manuel Avila Camacho. Planteaba también futuras expropiaciones y nacionalizaciones, el sufragio femenino, el servicio militar obligatorio, la independencia económica de México y el alza del nivel de vida de las masas. En febrero lo aprobó el congreso de la CTM, cuando todavía estaba en la eta­pa de discusión. El PRM adoptó el plan en noviembre, al mismo tiempo que designaba formalmente a Camacho. En febrero de 1940, cuando se publicó el proyecto final, muy modificado, incluía garantías a los inversores privados y la intención de cooperar “con otros países que apoyan una forma democrática de gobierno”.

[2] Emiliano Zapata (1877?-1919): revolucionario mexicano que levantaba un programa agrario radical.



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